SIGUE EN CURSO Y HASTA SUS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS EL PROCESO LEGAL VS. MSX

*Hasta el momento la empresa ha sido omisa y evasiva; sin embargo tiene que asumir su responsabilidad y acatar lo que dicten las leyes: Regidora Araceli Martínez Acosta.

El proyecto de intervención de la Minera San Xavier en Palma de la Cruz, violó derechos y la autonomía del Ayuntamiento de Soledad, por lo que siguen en curso las acciones legales en contra de la compañía que se ha negado a dar respuesta concreta y a reparar los daños hechos al medio ambiente en detrimento de la población soledense.

La Regidora del PVEM, Araceli Martínez Acosta, de la Comisión de Derechos Humanos y Participación Ciudadana, declaró que desde el inicio del proyecto hubo una clara violación a los derechos y autonomía del Ayuntamiento de Soledad, ya que a pesar de que existan autorizaciones federales, es responsabilidad de las dependencias vigilar el cumplimiento de las condicionantes.

Señaló que las autorizaciones que fueron otorgadas en su momento por las dependencias, debieron vigilar el cumplimiento y recibir informes periódicos para verificarlas, “creo que aquí no hubo verificación o sí la hubo, hubo omisiones, el daño que se haya ocasionado al final del día, la responsabilidad ambiental, recae sobre las personas que generan esos residuos contaminantes”, resaltó.

La empresa tendrá que asumir su responsabilidad en cuanto a los graves daños ambientales que provocó, ya que se tiene que verificar y determinar qué tipo de sustancias son las que están contenidas en el suelo y determinar que efectivamente, al momento del desmonte, hicieron el traslado y depósito de las especies de flora y fauna en otro lugar.

Por su parte, la Secretaria General del Ayuntamiento de Soledad, Yoloxóchitl Díaz López, informó que por parte de la empresa no ha habido respuesta clara, ya que sólo ha habido evasivas por medio de intermediarios y promovieron un recurso de amparo que les fue negado por un juzgado federal.

Finalmente, destacó que el Ayuntamiento continuará con las acciones administrativas para exigir respuestas a favor de los habitantes de Palma de la Cruz y de todos los soledenses, cuyo derecho al medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar se debe de respetar y la administración soledense no escatimará esfuerzos para conseguirlo.

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