INICIATIVA PROPONE ESTABLECER APOYOS PARA LAS PERSONAS EN FASE TERMINAL PARA QUE PUEDAN SER ASESORADOS EN LA DISPOSICIÓN DE SU PATRIMONIO.
SE PROPONE REFORMAR LA LEY ESTATAL DE DERECHOS DE PERSONAS EN FASE TERMINAL: DIP. JACQUELINN JAUREGUI.
Con el objetivo de que las personas en etapa terminal puedan contar con asesoría gratuita en materia testamentaria por parte de una persona titular o adscrita a notaría pública, para disponer legalmente de su patrimonio, la diputada Jacquelinn Jauregui Mendoza propuso reformar disposiciones de la Ley Estatal de Derechos de Personas en Fase Terminal.
La legisladora señala que la Ley Estatal de Derechos de Personas en Fase Terminal es un gran avance en el tema; sin embargo, en el proceso de acompañamiento integral hacia el final de la vida, existen aún vacíos normativos que impiden garantizar plenamente la seguridad jurídica y patrimonial de las personas en fase terminal.
Indica en su exposición de motivos, que en muchos casos, la incertidumbre sobre la disposición de los bienes, la falta de información sobre los trámites testamentarios o la imposibilidad económica de acceder a ellos, genera una carga emocional y material tanto para el paciente como para sus familiares.
“En ese sentido, el derecho a una muerte digna debe ir acompañado del derecho a una vida jurídicamente concluida con certeza, permitiendo que la persona pueda decidir libremente sobre el destino de su patrimonio sin impedimentos económicos o técnicos”.
Por ello, se propone incorporar dentro del catálogo de derechos de las personas en fase terminal, la posibilidad de recibir asesoría gratuita en materia testamentaria por parte de una persona titular o adscrita a notaría pública, así como que el trámite testamentario sea gratuito para la persona en fase terminal.
La intención no es sólo eliminar barreras económicas, sino garantizar la igualdad de acceso a la justicia y a la seguridad jurídica en los momentos finales de la vida. Con ello, se fortalecería la protección del derecho humano a la dignidad, en su dimensión patrimonial y familiar, bajo un enfoque de empatía y responsabilidad social.
Para asegurar la viabilidad administrativa de esta disposición, se contempla que su aplicación se encuentre sujeta a la suficiencia presupuestaria del Poder Ejecutivo, y que pueda instrumentarse mediante convenios de colaboración con el Colegio de Notarios del Estado u otras instancias especializadas.
La iniciativa se turnó para su análisis a las comisiones de Régimen Interno y Asuntos Electorales; y Hacienda del Estado.
